El pasado 9 de julio de 2025, el presidente del Gobierno presentó en el Congreso el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, un conjunto de medidas orientadas a reforzar la integridad en la administración pública y en el ámbito privado.
Este anuncio, que recoge un total de 15 medidas, subraya la necesidad de mejorar la transparencia y prevenir las malas prácticas a todos los niveles. En este contexto, una de las herramientas que cobra especial relevancia es el canal interno de denuncias. Si bien este mecanismo ya es un requisito legal desde la Ley 2/2023, el Plan Estatal lleva un paso más allá el compromiso con la protección del informante y el fortalecimiento de los sistemas de integridad en las organizaciones.
El canal de denuncias se ha convertido en una pieza clave dentro de las estrategias de compliance y gobernanza corporativa, no solo como un mecanismo de cumplimiento normativo, sino como un activo estratégico para promover una cultura empresarial ética.
Con la protección de los y las informantes garantizada por la ley y el nuevo impulso institucional, las empresas tienen una oportunidad de oro para reforzar sus políticas de integridad y prevenir conductas ilícitas o irregulares.
Un marco normativo reforzado: más protección y más obligaciones.
La Ley 2/2023, que transpone la Directiva Europea 2019/1937, ya establecía la obligación para las empresas de más de 50 personas empleadas de disponer de un sistema interno de denuncias. Esta legislación aseguraba la protección de los/as informantes frente a posibles represalias, garantizando la confidencialidad de la información y el anonimato de quienes realizan la denuncia.
Sin embargo, el nuevo Plan Estatal, junto con la creación de la Agencia Independiente de Integridad Pública, refuerza y amplía las medidas establecidas, destacando el anonimato real como una de las bases esenciales del sistema. A partir de ahora, no solo las grandes empresas y las administraciones públicas tendrán que cumplir con esta normativa, sino que también se extiende a las empresas que tengan contratos con la Administración pública.
La clave del Plan Estatal está en dotar de garantías adicionales a los/as denunciantes y asegurar que los sistemas de gestión de denuncias sean eficaces, imparciales y transparentes. También se contemplan sanciones más proporcionales para aquellas empresas que no implementen los canales adecuados, con multas económicas y posibles sanciones reputacionales.
¿Por qué es crucial para las empresas tener un canal de denuncias?
Un mecanismo de prevención y detección temprana.
Los canales de denuncias no deben verse únicamente como una obligación. Más allá de la función legal, son herramientas esenciales de prevención de riesgos. A menudo, las malas prácticas dentro de una empresa no son visibles hasta que es demasiado tarde. Con un canal de denuncias bien gestionado, las organizaciones pueden detectar irregularidades antes de que se conviertan en problemas graves que afecten la reputación o la estabilidad financiera.
Esto incluye tanto fraudes internos, como acoso laboral o violaciones de la normativa interna, y en el ámbito más amplio, delitos de corrupción o blanqueo de capitales. Detectar estas conductas a tiempo puede evitar una crisis legal, la pérdida de contratos importantes o incluso una sanción por parte de las autoridades regulatorias.
Reforzando la confianza interna.
Otro aspecto clave del canal de denuncias es la confianza que genera entre los empleados. Un sistema eficaz de denuncia permite que los trabajadores se sientan protegidos y escuchados, sin temor a represalias. Esta cultura de confianza no solo mejora el ambiente laboral, sino que también refuerza el compromiso de los empleados con los valores de la organización, promoviendo un entorno más saludable y colaborativo.
Aspectos esenciales para la correcta implementación del canal de denuncias.
Accesibilidad y facilidad de uso.
El canal debe ser accesible para todos los grupos de interés dentro de la organización, incluidas las personas empleadas, proveedoras y colaboradoras. Debe estar disponible a través de diversos medios (plataforma digital, línea telefónica, etc.) y ser fácilmente reconocible. No solo se trata de cumplir con una obligación legal, sino de facilitar su uso y fomentar que las personas confíen en él.
Confidencialidad y anonimato garantizados.
Una de las características más importantes del canal de denuncias es la protección de la identidad de quien informa. La ley subraya que el anonimato debe ser real y que las denuncias deben ser gestionadas de forma confidencial para evitar posibles represalias. Esto requiere que el sistema cuente con tecnologías de protección de datos avanzadas, pero también con un protocolo organizacional que garantice la privacidad del proceso.
Gestión imparcial e independiente.
El canal de denuncias debe ser gestionado por un órgano independiente y sin conflictos de interés, preferentemente externo a la empresa, para asegurar que las investigaciones sean objetivas y transparentes. Un sistema imparcial es esencial para ganar la confianza de los y las denunciantes y para evitar que se utilice para proteger a los y las responsables de conductas ilícitas.
Respuesta en plazos razonables y con seguimiento.
La empresa debe confirmar la recepción de la denuncia en un plazo máximo de 7 días y garantizar que se proporcione una respuesta detallada dentro de un periodo razonable, que no supere los tres meses. Además, debe realizar un seguimiento adecuado para asegurar que el caso se resuelva de forma justa y conforme a los procedimientos establecidos.
Registro y trazabilidad de las denuncias.
Todo el proceso debe ser registrado, desde la recepción de la denuncia hasta su resolución final. Este registro no solo sirve para garantizar la transparencia, sino que también proporciona una herramienta de auditoría en caso de que las autoridades competentes realicen una inspección.
Más allá de la ley: una oportunidad para transformar la cultura empresarial
El canal de denuncias no es solo un requisito normativo. Su correcta implementación puede transformar la cultura interna de las organizaciones, promoviendo valores de transparencia, integridad y ética. Al fomentar la denuncia de conductas inadecuadas, las empresas no solo previenen riesgos legales, sino que refuerzan su reputación y su posición frente a las/os inversores/as, clientela y la sociedad en general.
Este impulso institucional no solo tiene como objetivo cumplir con la ley, sino también fortalecer la confianza en las empresas y las administraciones, mejorando la calidad democrática y empresarial del país.
En un entorno cada vez más exigente y consciente de la importancia de la ética en los negocios, el canal de denuncias se convierte en una herramienta imprescindible para quienes buscan operar de forma responsable.
En resumen, el canal de denuncias es una pieza clave no solo para cumplir con la legislación vigente, sino para transformar la forma en que las organizaciones gestionan sus riesgos y fomentan un entorno de trabajo transparente y ético. Las empresas que lo implementen correctamente no solo protegerán su reputación y minimizarán sus riesgos, sino que demostrarán su compromiso con la integridad y la responsabilidad empresarial.
¿Tu empresa ya cuenta con un canal de denuncias? Si no es así, o si necesitas adaptarlo a los nuevos requerimientos legales, es el momento de actuar. Asegurar su correcto funcionamiento no solo es cumplir con la ley, sino también dar un paso firme hacia una gestión empresarial más ética y sostenible.
