La vuelta al colegio es, cada septiembre, un ritual que combina rutinas, expectativas y una cierta promesa de reinvención. Pero el regreso contemporáneo ya no se mide solo en cuadernos y horarios; discurre también por los circuitos de plataformas educativas, mensajerías de familias, aulas virtuales y redes sociales donde la exposición —a veces inadvertida— de la infancia se convierte en un vector de riesgo.
Proteger la privacidad y los datos personales de los menores no es, por tanto, una cortesía tecnológica: es una obligación jurídica y, sobre todo, una responsabilidad ética que interpela a colegios, progenitores/as y proveedores/as.
Marco normativo de referencia: RGPD, LOPDGDD y DSA
En el corazón del asunto late una idea sencilla: un menor no es un “usuario/a” más. El Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) consagra una protección reforzada de la infancia y exige medidas de “privacidad desde el diseño y por defecto”.
La LOPDGDD, por su parte, fija en España la edad de consentimiento digital en 14 años (art. 7) y reconoce un auténtico “derecho a la educación digital” (art. 83), reclamando al colegio que enseñe a usar la tecnología con criterio y prudencia.
A este suelo normativo se suma el Reglamento de Servicios Digitales (DSA), que prohíbe la publicidad basada en perfilado cuando la plataforma sabe —o debe saber— que el usuario o la usuaria es menor y que, además, no ampara la recolección de más datos para averiguarlo. No se trata de demonizar lo digital, sino de restablecer su jerarquía: la tecnología como medio subordinado al interés superior del menor.
Fotografías en el colegio: ¿publicar o no publicar?
Este principio general se vuelve tangible en escenarios cotidianos. Pensemos en la fotografía escolar. Una imagen captada en una excursión o en un festival del colegio tiene sentido —y legitimidad— cuando se comparte en espacios privados, autenticados y con acceso restringido a las familias. Convertirla en contenido público en redes sociales exige una base jurídica clara, un consentimiento expreso y granular, y una reflexión sobria sobre la finalidad, la necesidad y el tiempo de exposición. La pregunta no es “¿podemos publicarla?”, sino “¿debemos hacerlo?”.
En contextos con sujetos vulnerables (menores con necesidades educativas especiales, tutelas, acogimiento), esta cautela deja de ser una buena práctica para erigirse en obligación.
Herramientas digitales en el aula: innovación con límites
Otro foco crítico es la selección y el gobierno de las herramientas del aula. El entusiasmo por la “innovación” no puede justificar que cada dispositivo personal se convierta en un sensor ambulante. El uso de móviles del alumnado en el colegio (BYOD – “Bring Your Own Device”) exige una evaluación rigurosa de idoneidad y proporcionalidad: si el objetivo pedagógico puede alcanzarse con medios menos intrusivos —dispositivos gestionados por el colegio, perfiles escolares cerrados, listas blancas de aplicaciones—, esa es la elección que respeta el principio de minimización.
Donde haya que desplegar tecnología, háganse bien las cosas: gestión de dispositivos (MDM – “Mobile Device Management”), autenticación multifactor en cuentas del alumnado, segmentación de perfiles, políticas de retención (borrado al finalizar el curso) y auditoría periódica. Para los colegios, esto se traduce en registros de actividades de tratamiento, análisis de riesgos o, si procede, evaluaciones de impacto (DPIA) cuando medien datos sensibles —salud, biometría, orientación— o se recurra a tecnologías de alto riesgo.
Control parental y autonomía progresiva
La conversación sobre “control parental” gana matices cuando abandonamos la ilusión del botón mágico. Ninguna app suple la mediación educativa. Las familias necesitan construir un andamiaje de autonomía progresiva: cuanto menor la edad, más estrictos los filtros y los horarios; cuanto mayor la madurez, más espacio para el criterio propio y el diálogo. La regla de oro es reversible: se empieza con límites técnicos y se evoluciona hacia acuerdos razonados, no al revés.
Desactivar geolocalizaciones innecesarias, revisar permisos de cámara y micrófono, impedir descargas sin supervisión y desactivar, cuando sea posible, la personalización publicitaria es imprescindible. Pero lo decisivo es acompañar: enseñar a reconocer patrones de riesgo, a gestionar la huella digital, a pedir ayuda sin temor.
Grupos de mensajería entre familias: riesgos y buenas prácticas
En la periferia de lo escolar se ha instalado una constelación de grupos de mensajería entre familias. Útiles para coordinarse, peligrosos para la privacidad si degeneran en tablones donde se comparten listados, calificaciones, fotos de terceros o incidencias de la clase. El colegio debe ofrecer sus canales oficiales —la plataforma educativa, el tablón institucional— y reservar a la mensajería lo que le corresponde: logística menor y conversación privada. Difundir datos de otros menores en un grupo no convierte lo ilícito en tolerable; simplemente lo hace más rápido y más difícil de revertir.
El papel del ecosistema comercial y la publicidad dirigida
Queda, por supuesto, el gran actor invisible: el ecosistema comercial que orbita alrededor de la infancia. La promesa del edutainment suele venir en paquetes con rastreadores insistentes y perfiles precoces de consumo. Aquí el DSA marca una línea roja: nada de anuncios basados en perfilado cuando el usuario o la usuaria es menor.
Las plataformas deberán elevar su estándar de diligencia, pero las familias también pueden actuar: activar perfiles infantiles, revisar la configuración de privacidad, preferir servicios que explicitan su cumplimiento y demandar, con serenidad, alternativas sin vigilancia intrusiva. No es razonable pedir a un niño o niña que negocie con un sistema diseñado para capturar su atención.
¿Y cuando algo sale mal? La reacción debe ser rápida y serena. Si circula contenido sexual o violento que afecta a un menor, existen vías de retirada urgente; conviene conocerlas de antemano. Guardar evidencias, informar al colegio, apoyar al/la menor en la dimensión emocional y técnica, y acudir a los canales públicos de ayuda son pasos que salvan tiempo —y daño—. Una cultura de cuidado no se improvisa el día de la crisis: se entrena con protocolos claros, roles definidos y una ética de no culpabilización de la víctima.
Todo lo anterior se complejiza cuando se incorporan proveedores/as en la nube y transferencias internacionales. El colegio —también la concertada y la privada— no puede delegar su responsabilidad en el contrato de licencia de una aplicación. Debe conocer dónde residen los datos, bajo qué garantías se transfieren si salen del Espacio Económico Europeo, cómo se ejecuta el borrado al término del servicio y qué obligaciones asumen los encargados del tratamiento. Las cláusulas contractuales tipo, los anexos de seguridad y los planes de respuesta a incidentes son tan parte del kit escolar como el reglamento de convivencia.
De la teoría a la práctica: rendición de cuentas y cultura de protección
En el plano del gobierno, la rendición de cuentas (accountability) exige pasar del documento a la práctica. No basta con tener políticas; hay que medir su cumplimiento: tasas de activación del doble factor, tiempos de eliminación de cuentas al cierre de curso, evidencias de formación al personal, revisiones trimestrales de permisos y accesos, registro de incidentes y lecciones aprendidas.
Cuando existe delegado de protección de datos, su criterio debe escucharse no como “freno”, sino como garantía de calidad institucional. La formación —continua, breve, situada— es la inversión más rentable: cada docente que domina la configuración de privacidad de la plataforma que usa con su clase es un riesgo menos y muchas oportunidades más.
Conclusión: privacidad y educación, un mismo objetivo
Por último, conviene recordar que el marco legal no es estático. La discusión pública sobre elevar la edad de consentimiento en entornos digitales y sobre controles parentales preinstalados en dispositivos ilustra una intuición social: la infancia requiere un plus de protección. Bienvenida sea esa ambición, siempre que evite dos errores: confundir protección con paternalismo tecnocrático y pensar que la técnica, por sí sola, redime una cultura.
