Implantamos tu canal ético de forma rápida, segura y adaptada a tu empresa para cumplimiento normativo, ISO37301, Ley 2/2023, o cualquier normativa que lo requiera.
La finalidad de los datos recabados en este formulario son las de remitir por correo electrónico información comercial de nuestros servicios, ofertas o cualquier otra información relacionada con nuestros servicios que pueda ser de su interés. Queda legitimado este envío con la aceptación del usuario/a, necesaria para el envío. Los datos facilitados podrán ser cedidos o dirigidos a las empresas del grupo o personas colaboradoras de AMALTEA CONSULTORÍA INTEGRAL, S.L. para los mismos fines promocionales o información de servicios. El usuario/a tendrá derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento, así como acceder, rectificar, modificar o suprimir sus datos a través del correo [email protected]. Podrá ampliar esta información accediendo a la Política de Privacidad
Más de 300 empresas de diferentes sectores ya han confiado en Amaltea Consultoría.
Un canal ético es un sistema interno que permite comunicar posibles infracciones, conductas irregulares, malas prácticas o situaciones de riesgo dentro de una organización.
Debe ofrecer garantías de seguridad, confidencialidad y protección para la persona informante, permitiendo además realizar comunicaciones anónimas cuando así lo desee la persona denunciante.
La Ley 2/2023 obliga a las empresas con 50 o más personas trabajadoras a disponer de un sistema interno de información.
Te orientamos sobre tus obligaciones y los pasos necesarios para cumplir la Ley 2/2023 con seguridad.
No implantar el sistema interno de información cuando la empresa está obligada puede considerarse una infracción muy grave.
Además de la sanción económica, no contar con un canal ético puede afectar a la reputación de la empresa y a su capacidad para actuar ante irregularidades internas.
Analizamos tu empresa y comprobamos qué obligaciones le aplican.
Preparamos el canal ético y el procedimiento de gestión.
Redactamos las políticas, protocolos y textos legales necesarios.
Recibimos y canalizamos las denuncias junto con la empresa, emitimos el justificante de recepción y realizamos una valoración inicial para determinar su admisión y las actuaciones necesarias.
En Amaltea combinamos conocimiento técnico, cercanía y experiencia para ofrecerte una solución adaptada a las necesidades reales de tu organización.
Puesta en marcha en menos de 5 días laborables.
Una solución segura, anónima y adaptable al funcionamiento de tu empresa.
Adaptación a la Ley 2/2023, al RGPD y a las directivas europeas aplicables.
Acompañamiento jurídico y personalizado durante la implantación y gestión.
Apoyo de colaboradores jurídicos especializados para acompañar la gestión de cada caso.
Formación para las personas responsables de gestionar el canal.
Las empresas con 50 o más personas trabajadoras están obligadas a disponer de un sistema interno de información conforme a la Ley 2/2023.
Se pueden comunicar posibles infracciones legales, malas prácticas internas, situaciones de acoso, corrupción, incumplimientos normativos o riesgos que afecten a la organización.
Sí. El sistema debe permitir que la persona informante pueda comunicar los hechos de forma segura y confidencial, incluyendo la posibilidad de hacerlo de manera anónima.
Sí. Podemos facilitar una URL personalizada o un iframe para que el canal esté accesible desde la web corporativa de la empresa.
La empresa debe designar una persona o equipo responsable del sistema. Además, la gestión puede contar con apoyo externo especializado, siempre que se respeten las garantías legales.
Es necesario contar con una política del canal, un procedimiento de gestión de comunicaciones, textos informativos y documentación interna que regule el funcionamiento del sistema.
Depende de las necesidades de cada empresa, pero el proceso puede realizarse de forma ágil cuando se cuenta con una plataforma preparada y acompañamiento especializado.
Si la empresa está obligada y no dispone de canal ético, puede exponerse a sanciones económicas, daños reputacionales y otros riesgos legales o administrativos.
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